This is A Guide to Immigration – Post number 1
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A partir del 20 de octubre de 2025, USCIS aplicará un examen de ciudadanía con más preguntas y requisitos que se alinea con los cambios ordenados por el presidente Donald Trump. El examen tendrá 20 preguntas, requerirá 12 correctas y usará un banco de 128 preguntas, según detalla el Registro Federal.
A partir del 6 de octubre de 2025, el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS, por sus siglas en inglés) tendrá un cuerpo con facultades policiales para investigar casos de fraude migratorio, según informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés).
La agencia informó que contratará agentes clasificados como “1811", que pueden portar armas, realizar arrestos, aplicar multas y hacer investigaciones criminales.
El cambio devuelve a USCIS poderes que había perdido tras el 11 de septiembre de 2001, cuando sus funciones administrativas se separaron de las de investigación, que quedaron a cargo de ICE.
El juez federal Edward Chen del distrito norte de California determinó el 5 de septiembre de 2025 que la decisión de la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), Kristi Noem, de poner fin al TPS para los venezolanos fue “ilegal” y resolvió que esa orden debe ser anulada. La decisión del juez restaura la protección a los beneficiarios del TPS 2021 y 2023, por lo que, de momento, queda vigente hasta octubre de 2026.
Immigrant advocates want children to know their rights if confronted with illegal immigration issues.
ICE sólo puede ingresar a aulas, pasillos u oficinas con una orden vigente firmada por un juez federal.
Los agentes migratorios sí pueden estar en áreas públicas de las escuelas, como estacionamientos o accesos sin necesidad de una orden judicial.
Infracciones menores como trabajar sin permiso o no contar con el mínimo de créditos estudiantiles pueden ahora derivar en la pérdida del estatus migratorio o la deportación sin audiencia completa, según el American Immigration Council.
La semana pasada, la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) de Nevada presentó una demanda contra el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) por negar y retener registros sobre sus comunicaciones con ICE.
A Latina-led construction company has run into hard times as a result of Republicans’ federal agenda.