Se estimó que al menos 500.000 familias se habrían beneficiado del programa en todo el país. Hay aproximadamente 22.000 inmigrantes indocumentados en Nevada que están casados con ciudadanos estadounidenses, según el Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista.
Un juez federal de Texas anuló el jueves 7 de noviembre de 2024 el programa de la administración Biden que tenía como objetivo facilitar el camino hacia la ciudadanía para algunos inmigrantes indocumentados que están casados con ciudadanos estadounidenses.
El programa “parole in place“, que se lanzó en agosto pero fue rápidamente detenido por el juez de distrito de Texas J. Campbell Barker, el cual otorgaba la libertad condicional en vigor y habría permitido a los cónyuges e hijastros indocumentados de ciudadanos estadounidenses que ya han estado en los EE. UU. durante más de 10 años solicitar una tarjeta de residencia sin tener que salir primero del país. El programa también les habría permitido trabajar legalmente mientras esperaban su tarjeta de residencia.
Se estimó que al menos 500.000 familias se habrían beneficiado del programa en todo el país. Hay aproximadamente 22.000 inmigrantes indocumentados en Nevada que están casados con ciudadanos estadounidenses, según el Instituto de Política Migratoria, una organización no partidista.
Texas y otros 15 estados demandaron para detener el programa, argumentando que permitir que cientos de miles de residentes indocumentados recibieran libertad condicional afectaría los presupuestos estatales debido al aumento de los costos de los servicios públicos.
En agosto, Barker –quien fue designado por el presidente electo Donald Trump durante su primer mandato– bloqueó temporalmente el programa; en octubre, el bloqueo se extendió hasta el 8 de noviembre. Y justo cuando el día de las elecciones estaba en marcha, también lo estaba una prueba para decidir sobre el futuro del programa.
La sentencia del jueves 7 detiene ahora el programa de forma permanente. Barker dijo en su decisión que el Congreso no había otorgado al poder ejecutivo la autoridad para implementar tal política.
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